Y sí, la justicia lo echó para atrás, pero UN MES DESPUÉS. Total, que los castellanoleoneses se comieron un mes de obsequio de toque de queda a las 8, sin más ni más derecho que la pataleta, o la “insumisión” a las fuerzas del orden, si se atreven claro, pese a tener todo el derecho legal del mundo. En el lado opuesto está Navarra, una red social con la incidencia amontonada mucho más alta del país. De este modo, el portavoz del Gobierno de la red social, Javier Remírez, ha insistido en que la Comunidad foral tiene “los instrumentos necesarios” para poder tomar medidas para realizar frente al Covid-19 en el momento en que se levante el estado de alarma por la parte del Gobierno central.
Pese a la tendencia decreciente en el número de contagios y decesos diarios que se termina de apuntar, la pandemia todavía no se ha contenido de manera suficiente y la experiencia equiparada demuestra que ciertos países que han aplicado medidas de desescalada con anterioridad están advirtiendo repuntes de contagios que obligan a replantear sus tácticas de alzamiento de las medidas de contención. En este contexto, a la luz de los principales indicadores libres, la experiencia adquirida a nivel nacional, y las mejores prácticas en otros países, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para la desescalada de las medidas poco comúnes adoptadas para hacer en frente de la pandemia de COVID-19. Para la elaboración de dicho Plan, el Gobierno se basó en el informe elevado el pasado 25 de abril por el Centro de Coordinación de Notificaciones y Urgencias Sanitarias, aparte de conseguir la opinión y propuestas de los responsables de las administraciones autonómicas y locales, los agentes sociales, y de expertos en el ámbito sanitario, científico, social y empresarial.
Ley Propia En Aragón Para Adoptar Estas Y Otras Restricciones
El Pleno del Congreso de los Diputados, en las sesiones festejadas el 25 de marzo, 9 de abril, 22 de abril y 6 de mayo de 2020, acordó otorgar las mentadas autorizaciones en los términos recogidos en los respectivos pactos de autorización de las prórrogas. Atendiendo a esto, los expertos indican que sí que podrían verse aun cierres perimetrales, pero serían de zonas sanitarias, barrios o como bastante de ciudades, nunca de una comunidad autónoma. Además, esos cierres que se adoptarían por decreto deberían tener el aval de los tribunales. Así mismo, apuntan que se vuelve a la situación que se vivió el verano pasado, y que las gestiones autonómicas sí que podrían por servirnos de un ejemplo limitar horarios comerciales y de hostelería.
Si se examina el número de decesos, puede también observarse la drástica reducción que se ha producido entre el número máximo alcanzado de más de 900 diarios, hasta el número de 87 que se ha notificado el pasado 17 de mayo. Su propósito primordial es conseguir que, manteniendo como referencia fundamental la protección de la salud pública, se recupere pausadamente la vida cotidiana y la actividad económica, achicando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar. En el periodo de la tercera prórroga, los datos evidenciaron que se había consolidado la tendencia decreciente de los diferentes indicadores , habiéndose reducido a la mitad los incrementos diarios, excepto los casos que han requerido hospitalización. Con la finalización del estado de alarma caen medidas tan esenciales como el toque de queda y el cierre perimetral.
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La autoridad competente encargada que sea correcto va a poder, adicionalmente, limitar la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la red social autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía. Las diferentes comunidades autónomas pasarán entonces a tener las competencias a la hora de administrar la crisis sanitaria dentro de su territorio, aunque deberán buscar el respaldo de los tribunales para introducir las novedosas normas cuando decaiga el estado de alarma. No obstante, la prórroga que se establece en este real decreto únicamente contempla el mantenimiento de las limitaciones a la libre circulación rigurosamente indispensables para alcanzar el fin perseguido, en atención a la distinta situación en que estén las diferentes unidades territoriales. Solo manteniendo la limitación a la libertad deambulatoria entre las diferentes provincias, islas y entidades territoriales será viable supervisar la pandemia y esta limitación, de alcance general para toda la población y aplicable en todo el territorio, únicamente puede establecerse en el marco del estado de alarma. No existe en estos instantes opción alternativa jurídica que permita limitar en todo el territorio nacional el derecho primordial contenido en el artículo 19 de la Constitución De españa, toda vez que la legislación ordinaria resulta deficiente por sí sola para restringir este derecho fundamental.
A cuestiones de los periodistas, Remírez ha afirmado que hasta el próximo 9 de mayo, en el momento en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, prevé levantar el estado de alarma, “vamos a ir viendo de qué manera evoluciona la situación”. En el momento en que decaiga el estado de alarma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están representados el Ministerio de Sanidad y asimismo los consejeros de las CCAA, será el encargado de tomar las decisiones oportunas sobre la administración de la pandemia. La presidenta de Navarra, María Chivite, recordó que ni a su Gobierno ni al Ejecutivo central les ha “tremido el pulso” a la hora de tomar decisiones para limitar el avance de la pandemia. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, opinó que el estado de alarma no podía alargarse mucho más tiempo. Por otra parte, el progreso del Plan para la desescalada, con la consiguiente reactivación de la actividad económica, de la movilidad y de las necesidades de los ciudadanos de acceder a los servicios, tanto públicos como privados, hace favorable facilitar el habitual avance de los procedimientos administrativos y judiciales. De hecho, en España se ha pasado de tener un incremento de casos diarios en la primera semana de vigencia del estado de alarma de cerca del 35 %, a un incremento en torno al 0,2 % en la semana previo a la aprobación del presente real decreto.
Con el objetivo del estado de alarma, el papel de los tribunales va a ser fundamental a la hora de asegurar las restricciones que determine cada una de las comunidades autónomas. Cada orden municipal o autonómica va a deber pasar el escrutinio de un juez, teniendo además en cuenta que se dieron varios casos de revocaciones judiciales de medida restrictivas en meses anteriores. Las cantidades de la pandemia son alarmantes hoy en día, pero si hay que adoptar nuevas limitaciones, la referencia va a ser Ley de Salud Pública de 1986, que permite a las distintas administraciones públicas a decretar medidas destacables por razones sanitarias de urgencia o necesidad.
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Y el toque de queda no va a sufrir cambios, aunque sí se marcha a aceptar a las terrazas cerrar una hora más tarde, a las diez de la noche. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reiniciará, o se reiniciará, si de esta manera se hubiera pensado en una norma con rango de ley aprobada a lo largo de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. En este sentido, la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla tras la declaración del estado de alarma han afectado al habitual desenvolvimiento de las relaciones familiares, sociales y laborales, con especial incidencia en colectivos atacables, y han impactado asimismo en la actividad de varios sectores productivos, con esenciales pérdidas de rentas para hogares, autónomos y empresas. Pero, como se ha señalado en precedentes ocasiones, la determinación del riesgo sanitario, y del grado de protección de los referidos derechos, no constituye la única dimensión que debe ser tenida en cuenta a la hora de adoptar una decisión sobre la prórroga, puesto que en la gestión de aquel riesgo intervienen también otros factores pertinentes de carácter socioeconómico que deben ser convenientemente sopesados. De acuerdo con lo previsto por el producto primero.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, las medidas que se adopten a lo largo de la vigencia del estado de alarma, así como la duración del mismo, van a ser en todo caso las estrictamente indispensables para garantizar el restablecimiento de la normalidad y su app se realizará de manera proporcionada a las circunstancias.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de abocar a las autonomías a “un doble salto mortal” con el objetivo del estado de alarma por el hecho de que carecen de una “opción alternativa jurídicamente sólida para continuar gestionando la pandemia”. “No hay ninguna legislación específica para poder tomar resoluciones como la limitación de movimientos, el cierre de ocupaciones económicas y la restricción de derechos escenciales”, insistió. Feijóo se teme que las decisiones que tomen desde ese momento sean anuladas por los tribunales de justicia, critica que el Gobierno recurra al Constitucional la Ley de Salud que han aprobado en Galicia y demanda que se analice producto por artículo en la comisión mezclada cuáles se consideran anticonstitucionales, más que nada en este momento que considera que dicha ley les ayudaría a afrontar la pandemia una vez concluya el estado de alarma.
El presente real decreto va a entrar en vigor el día de su publicación en el «Folleto Oficial del Estado». Mantenimiento de la vigencia de órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones dictadas por las autoridades eficientes delegadas.
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Esta situación llevaría consigo el desenlace del toque de queda nocturno y los cierres perimetrales, medidas restrictivas asimiladas por la población española en parte importante del último año para pelear contra las expansión del SARS-CoV-2, causante de la covid-19. La preocupación frente a los efectos de estas novedosas condiciones de vida es grande, ya que la pandemia aún está muy activa y la campaña de vacunación, lastrada por los casos AstraZeneca y Janssen y la carencia de entidades primordiales de las otras vacunas, sigue lejísimos del ritmo preciso para aspirar próximamente a una inmunidad de conjunto. Las propias comunidades autónomas serán las que apliquen las medidas que tengan en cuenta necesarias a partir del 9 de mayo, eso sí, con el respaldo de los tribunales, en el caso de las limitaciones que afecten a derechos escenciales. No obstante, otras medidas con las que hemos convivido estos días, sí van a dejar de tener validez. En definitiva, se prevé que, a lo largo de la vigencia de la nueva prórroga del estado de alarma, siga el gradual levantamiento de las medidas de contención previstas en el Plan para la desescalada y se contempla también que logren quedar sin efecto las medidas en esos campos territoriales que superen todas y cada una de las fases del citado Plan. Esto significa que van a dejar de tener vigencia medidas como el toque de queda o el confinamiento perimetral entre comunidades autónomas, aunque los gobiernos regionales pueden seguir decretando limitaciones en aforos y horarios de hostelería.
Este marco jurídico sigue en esta nueva prórroga, en tanto que a lo largo de su vigencia se quiere seguir en esa progresiva desescalada. Por ello se parte de nuevo de un ámbito abierto y maleable, tanto para el alzamiento y determinante pérdida de efectividad de las medidas, como para el ámbito geográfico en el que van a proyectarse, mientras que se refuerza la cooperación con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla durante todo el desarrollo. En este real decreto, y a fin de mantener las medidas limitativas y de contención únicamente en las unidades territoriales en que resulten imprescindibles, se prevé de manera concreta en el producto 5 que la superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales.